UN TIEMPO PARA LA ACCIÓN CATÓLICA Y LAS VOCES CATÓLICAS

Hace dos semanas, en Roma, el Papa Benedicto XVI dio un extraordinario discurso a un grupo de Obispos norteamericanos visitantes.

Nuestro Santo Padre elogió a los fundadores de Norteamérica por su compromiso con la libertad religiosa y su idea de que las enseñanzas morales judeo-cristianas son esenciales para formar a los ciudadanos y las instituciones democráticas.

El Papa advirtió que nuestra herencia de libertad religiosa enfrenta “graves amenazas” de parte del “secularismo radical” de la opinión política y cultural de los líderes que son “cada vez más hostiles al cristianismo”.

Al día siguiente del discurso del Papa, nuestro gobierno federal dio un fallo que confirmó sus peores temores sobre la creciente tendencia anti-religiosa y anti-cristiana en nuestro país.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció una decisión final que exigirá que todos los empleadores de Estados Unidos proporcionen a sus empleados seguros de salud que ofrezcan de manera gratuita métodos de control de natalidad, esterilizaciones e incluso drogas que provocan abortos.

El gobierno rechazó los esfuerzos de los Obispos de Estados Unidos de negociar una exención a aquellos empleadores que son al mismo tiempo organizaciones religiosas -incluyendo hospitales, caridades y universidades católicos - que se oponen moralmente al aborto y la anticoncepción.

En cambio, el gobierno nos está dando hasta agosto de 2013 para obedecer o sufrir las consecuencias: multas tan grandes que podrían llevar a algunos empleadores católicos a tener que cerrar sus puertas.

Es difícil no ver este nuevo mandato como un ataque directo a las conciencias católicas y a la libertad de nuestras instituciones católicas.

El mandato no promueve la libertad civil y no impulsa significativamente ninguna meta de salud pública.

El gobierno justifica el mandato argumentado que los empleadores que no proporcionen estos servicios están discriminando a las mujeres. Pero el acceso gratis a la anticoncepción nunca ha sido un derecho humano básico. Y no hay ninguna evidencia de que el control de natalidad tenga algún efecto sobre la salud de las mujeres; en efecto, el embarazo no es una enfermedad que requiera de “medicina preventiva”.

El Departamento de Salud justifica la negación de exenciones a las caridades, hospitales ...