Publicado el 12-26-2011
TERMINA EL AÑO CON RESULTADOS MIXTOS PARA LA COMUNIDAD HISPANA DE ARIZONA |
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Phoenix.- El año que termina fue agridulce para la comunidad hispana en Arizona que por un lado sufrió las consecuencias de la aprobación de la SB1070 y por otro se logró destituir al senador estatal Russell Pearce, principal impulsor de esa ley antiinmigrante. "Este fue un año amargo y dulce para nuestra comunidad, las deportaciones siguen en números sin precedentes, las familias siguen siendo separadas, pero por otra parte tuvimos varias victorias, como fue la destitución de Pearce, algo que da mucho ánimo a la gente para decir, sí podemos hacer algo por cambiar las cosas en Arizona", dijo Raquel R. Goldsmith, profesora del Departamento de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de Arizona (UA). Este año la comunidad hispana, particularmente la inmigrante sufrió la implementación de la ley estatal SB1070, la primera en penalizar la presencia de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, los puntos más controvertidos de la legislación fueron bloqueados por un juez federal, entre ellos las cláusulas que permiten a los agentes policiales cuestionar el estatus migratorio de aquellas personas que sospechen se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos. "La SB1070 tuvo un impacto tremendo, dio permiso para que se dieran más violaciones a nivel local y a pesar de que se frenó un poco en la corte, aún hay mucho que cambiarle. Creo que debemos de buscar cambios en la legislatura estatal para quitar por completo esta ley", enfatizó Goldsmith. En su opinión, el estado continúa sufriendo el impacto económico debido al boicot que se inició en su contra tras la aprobación de la SB1070. "El boicot sin duda tuvo un efecto, esto nos indica que debemos de usar todas las armas que tiene a su deposición nuestra comunidad", dijo la investigadora de asuntos relacionados con la frontera. En el condado Maricopa, donde se asienta la ciudad de Phoenix, el alguacil Joe Arpaio continuó con sus operativos y redadas en contra de negocios sospechosos de contratar a inmigrantes indocumentados, los cuales culminaron con el arresto y la deportación de docenas de personas. Un aspecto que preocupa a activistas como Lydia Guzmán, de la organización Respect/Respeto con base en Phoenix, es que la gran mayoría de los indocumentados que son arrestados en estos operativos enfrentan cargos por robo de identidad, un delito mayor que puede complicar sus casos ante una corte de inmigración. "Se les está poniendo cargos criminales como ... |
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