COALICIÓN INMIGRANTE EMPLAZA A WESTERN UNION Y AMENAZA CON BOICOT NACIONAL

para combatir actividades ilegales sirve al interés público en ambos lados de la frontera y protege a quienes utilizan nuestros servicios".



En un comunicado, la ICIRR denunció el acuerdo y su director ejecutivo Hoyt declaró que Western Union "mostró sus verdaderas intenciones al comprar la paz con el fiscal general de Arizona, dejando a sus clientes inmigrantes a la deriva".



Dijo que Western Unión ha decidido pagar "para que no la sigan investigando, pero no ha tomado ninguna acción para devolver los 17 millones de dólares tomados de sus clientes ilegalmente por el estado de Arizona".



En su comunicado la coalición hace un "llamado a la acción" al considerar que el acuerdo "ha traicionado la confianza de los clientes de Western Union".



La portavoz Kelly dijo en su declaración que el tema de la devolución de los fondos requirió procedimientos adicionales en la corte, lo que ocurrió en medio de las negociaciones con Arizona, pero fue incluido en el acuerdo final.



ICIRR recuerda en su comunicado que los antecedentes del problema se remontan a los años 2002-2006 cuando Western Union habría cooperado secretamente con el fiscal Goddard para confiscar miles de pequeñas transferencias electrónicas desde Arizona al estado mexicano de Sonora por un total de 17 millones de dólares.



Estas confiscaciones ilegales estuvieron basadas en la presunción de que las transferencias habrían sido utilizadas para el tráfico de personas, y eventualmente todos los envíos de más de 500 dólares desde 29 estados fueron confiscados.



Según la coalición, los clientes que enviaron sus transferencias por Western Union nunca fueron advertidos de que el dinero podría ser confiscado o que estaba retenido, y aquellos que intentaron investigarlo fueron sujetos a interrogatorio policial.



En el 2006, ICIRR presentó una demanda federal colectiva de parte de clientes de Western Union donde se pidió que las confiscaciones fueran declaradas una violación a sus derechos constitucionales, lo que fue aceptado por el Supremo de Arizona en junio de 2009. VN