Las últimas estadísticas policiales indican que el crimen tiende a bajar en Los Angeles, pero si no hay una reforma auténtica del sistema carcelario esta vez, podríamos estar a las puertas de un verano violento.
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Las últimas estadísticas policiales indican que el crimen tiende a bajar en Los Angeles, pero si no hay una reforma auténtica del sistema carcelario esta vez, podríamos estar a las puertas de un verano violento.
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MARICELA VILLAFRANCO
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Wilson y el gobierno del estado, que se resentía por una contracción económica inducida por el fin de la Guerra Fría (la industria armamentista se fue a pique en esos días) le dio por echar mano de una parte de los ingresos de las ciudades y condados de California, incluido el de Los Angeles, para reparar su endeble base tributaria. Esa política condujo a que el sistema carcelario del condado se deshiciera, por oleadas, de sus presos más pacíficos, decantándose con los, por así decirlo, más difíciles de supervisar. Una buena parte de estos fue a parar a Pichess, donde son albergados en gigantescos dormitorios de 90 camas cada uno.
La explicación oficial más reciente de los choques recientes es que fueron ordenados por la Mafia Mexicana (MM), una pandilla muy poderosa en el mundo carcelario, celosa por reafirmar su poder especialmente ahora que los afroamericanos están en minoría en las cárceles. Usando grabaciones en video de los disturbios más recientes, las autoridades planean identificar a los supuestos instigadores de los zafarranchos y juzgarlos como responsables. Lo más grave es que esos espasmos violentos, hasta el momento confinados a las cárceles, podrían replicarse en los barrios de Los Angeles, iniciando un ciclo interminable.
Aun si esto no ocurre, no cabe duda que las autoridades han perdido el control de las prisiones y los internos, independientemente de su etnia, están más inseguros que nunca. En los próximos días las tensiones podrían reducirse o bien repuntar en un estallido tan violento como el del 4 de febrero. El martes, urgido por las crecientes presiones políticas, el gobierno del condado anunció la ruptura de un contrato con el estado para albergar presos de alta peligrosidad. Un primer paso comporta la transferencia de 1,300 reos a las penitenciarias estatales.
Pero aun si las disposiciones de emergencia funcionan y los ánimos se enfrían, este es precisamente el momento para ir al fondo de las cosas. Las últimas estadísticas policiales indican que el crimen tiende a bajar en Los Angeles, pero si no hay una reforma auténtica del sistema carcelario esta vez, podríamos estar a las puertas de un verano violento. VN
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